Sobre la apertura de expediente policial a nueve personas que participan en las Brigadas vecinales de observación de derechos humanos en Madrid


En la práctica cotidiana de las brigadas vecinales, hemos ido aprendiendo un significado bien directo y material de la observación de los derechos humanos. Los grupos de brigadas no van allí donde hay jaleo, no se encuentran de manera mágica y supersticiosa como pequeños sismógrafos con más controles de identidad a personas por su aspecto de extranjero, ni más redadas policiales en plazas y comercios que el resto de ciudadanos. Los participantes en las brigadas hacen uso de las mismas capacidades, y ponen en práctica los mismos hábitos que cualquiera: salen a la calle y permanecen en ella algunas horas. En estos momentos, en Madrid, no hace falta proveerse de ningún sismógrafo ni radio policial para encontrar en la calle un control de identificación ni una redada. Los que participamos en estas brigadas vamos a menudo allí donde hemos visto u oído hablar de controles y redadas, pero sobre todo vamos también a cualquier sitio. En estas condiciones, hemos ido aprendiendo que aquí , observar los derechos humanos, significa primero estar en esos lugares en los que cualquiera ya está y permanecer en ellos. Se trata del espacio público, los controles y redadas tienen lugar a la vista de todos. La policía recorre los barrios en los que vivimos exigiendo la documentación “en regla” a cualquier persona que responda a un tipo de apariencia definido: que parezca de otro país y que por su aspecto denote que es de clase obrera, o muy simplemente, pobre. Nos encontramos ante una situación muy grave: se regula los movimientos de las personas entre países en base a unos criterios económicos que nadie nos ha consultado, y en el territorio del estado, sin ningún motivo medianamente razonable, sólo apoyado en la difusión de rumores propagandísticos sobre la mejor gestión económica. Se organiza con recursos públicos por un lado, un entramado burocrático de filtrado de concesión de permisos de residencia y, por otro, la persecución, reclusión y eventualmente expulsión de todos aquellos que caen bajo el perfil de extranjero pobre.La vulneración de derechos humanos en este país es habitual y constante. El gobierno ordena estas actuaciones policiales segregacionistas, e ilegales según el derecho del estado español y el derecho internacional, bajo un supuesto lo suficientemente vago, controles por la seguridad ciudadana, que retuerce de tal manera los procedimientos legales que estos arremeten desde el principio contra el ciudadano que supuestamente protegerían. Mientras no nos opongamos de manera clara y rotunda a esto, estamos permitiendo que se persiga, degrade, prive de la libertad y de manera aún más extendida, que se haga imposible la vida a un número inmenso de nuestros conciudadanos.

Con la práctica cotidiana de las brigadas vecinales, hemos aprendido que es aquí donde hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, y no tanto allí , tomando como excusa aquellos otros países de los que nos hablan como a ignorantes para darnos pobres e infladas lecciones que sirvan para justificar lo que soportamos aquí : y es aquí donde tenemos que luchar juntos por la democracia. Mientras esto no se escuche lo suficientemente alto y claro, ni siquiera podremos hablar en nuestro nombre. No hay ningún nosotros en las migajas de la gestión de nuestro bienestar, ni ningún nosotros en ese bienestar que parecería tener como enemigo peligroso al extranjero pobre. Vulnerando los derechos humanos, el gobierno vulnera los derechos de todos, en esto reside la delicada universalidad de los derechos humanos: ser extranjero no es una condición necesaria. Es una condición impuesta, variable, que sólo informa verdaderamente acerca del gobierno que la impone y de las condiciones en que lo hace. Son pueblos como los de Túnez, Egipto o Libia los que estos días, y en mitad de tantas dificultades, se han levantado para hablar en su nombre. Son ellos precisamente los que nos pueden dar ejemplo de la lucha por la democracia, que nunca y menos actualmente en este país, está ganada. Y en definitiva, son un ejemplo de lucha y de disenso, de alzamiento de voces y gentes que no sólo se oponen a cualquier forma de abuso de poder, sino que por diferentes que sean entre sí, son las voces de una verdad: de la lucha por ser cada uno y colectivamente quien debe y puede pensar y decidir sobre cómo quiere vivir. Si la democracia no es eso, la democracia es una farsa.

Es aquí, en España, en Europa, donde tenemos que luchar por los derechos humanos. Lo hemos aprendido un poco más concretamente con el expediente que se ha abierto primero a cuatro, luego a cinco compañeros más de las brigadas vecinales. Se les acusa de entorpecer la labor policial mediante la incitación a los transeúntes a unirse a ellos contra la policía, gritando consignas en contra del control policial. Nada se dice sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés. Controles a inmigrantes y numerosas detenciones por no tener los “papeles en regla”. Todo se resuelve mediante una falta administrativa, tanto para el inmigrante “sin papeles” como para el brigadista agitador. Y entre la actuación policial y la resolución de la falta, media la persecución y el castigo mediante internamiento y posible expulsión para el primero, y multa económica en el caso de los compañeros de las brigadas, se llame a todo esto con la figura legal que se llame. Sin embargo, aquella noche en Lavapiés, la plaza se encontraba llena de gente presenciando las detenciones de la policía, y no se escuchaban gritos ni proclamas, sólo silencio . Se podía escuchar la tristeza y el miedo, ambas igualmente mudas. Los compañeros de las brigadas se encontraban allí, junto a un control policial, repartiendo panfletos en contra de los controles discriminatorios. Algo que parecería tan inocuo como su mera presencia, constituye la única acusación real que podría haberse hecho contra los mismos. Por lo tanto, la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes, es lo que se castiga y se trata de impedir . Se ha mentido poniendo en boca de estos compañeros palabras que no fueron pronunciadas, y esta mentira no hace sino agravar y corromper más la actuación tanto de la policía como de la delegación de gobierno: se castiga la presencia de ciudadanos en el espacio público y la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno ejecutada por funcionarios de los servicios de policía, que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por uno mismo.

Las consecuencias legales de las que nos hacemos cargo colectivamente, no son por tanto el único problema al que debemos enfrentarnos los ciudadanos, éstas tratan de hacernos la vida imposible con la cadena de burocracia, trámites y gastos extendida actualmente a cualquier pequeño paso que se trate de dar para vivir en esta sociedad. La lucha fundamental que nos incumbe a todos, es una lucha concreta por la democracia y la justicia aquí . Por es preciso oponerse con rotundidad a la criminalización de una figura del derecho internacional que supone como pocas una figura de defensa de la Justicia : el observador de derechos humanos. Por leves que pudieran parecer las acusaciones de la policía, su efecto es claro, se trata de impedir que los ciudadanos nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo, que decidamos por nosotros mismos, como mínimo por ahora, aquello que no estamos dispuestos a tolerar: que además de tratar de desesperanzarnos con constantes dosis de cinismo sobre la imposibilidad de acabar con el saqueo de lo público, de lo que es de todos, persigan, encarcelen y expulsen y traten de hacer aparecer como un problema a aquellos de nuestros vecinos que han venido de lejos por motivos perfectamente conocidos o no, personales o comunes, para si lo desean, quedarse.

Anuncios